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INTRODUCCIÓN

 

LOS EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO

 

Uno de los problemas más debatidos en la doctrina es el de determinar si los efectos del acto de autonomía privada que denominamos Negocio jurídico derivan de ese mismo acto o de la ley.

En otras palabras, si se producen ex voluntate o ex lege.

En realidad, la afirmación correcta parece ser la de que derivan de la ley. La voluntad privada no tiene el poder de creación de efectos, sino el ordenamiento jurídico.

Si se tiene en cuenta los elementos de toda norma jurídica (supuesto de hecho y consecuencias jurídicas), es claro el fundamento de la tesis expuesta.

El negocio jurídico crearía el supuesto de hecho (por ejemplo, los contrayentes intercambian sus consentimientos matrimoniales; A se obliga a entregar a B una casa y éste, a su vez, a pagar un precio; A cede a B el goce de su piso a cambio de una cantidad de dinero), que desencadena la consecuencia jurídica, y lo hace previa calificación de lo llevado a cabo por las personas para detectar lo que han querido.

Pudiera pensarse que los Efectos jurídicos nacen ex voluntate cuando la ley permite que el autor o autores del acto de autonomía privada determinen el contenido de una relación jurídica, lo que sucede en el ámbito de los negocios jurídicos patrimoniales (contratos, testamentos).

En este aspecto conviene hacer algunas observaciones:

En primer lugar, no es enteramente exacto que siempre el precepto de autonomía originado (no otra cosa es la regulación del contenido precitado) abarque a la totalidad de la situación jurídica.

Existen, como se comprueba en el examen de las normas que disciplinan las distintas figuras o instituciones, disposiciones que se imponen a las partes de un negocio, aunque sea un grado mínimo.

En segundo y último lugar, incluso aquí también la causa de los efectos reside en la ley, porque autoriza el ejercicio de aquella facultad de regular la situación creada, lo que equivale a hacer suyo los efectos queridos por las partes.

Es decir, el que la norma admita un juego más amplio de la autonomía (en el sentido de que ésta ya no se limita a poner el supuesto de hecho, sino también en mayor o menor medida las consecuencias jurídicas) no desplaza su fuerza directiva y ordenadora: calificación del supuesto de hecho con arreglo a la finalidad práctica que se pretende alcanzar, y atribución de las oportunas consecuencias jurídicas, cuya concreción se deja a los interesados.

 

ESENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO:

La esencia o pilar básico de todo negocio jurídico es la voluntad. Pero no una voluntad encerrada en el interior del sujeto, sino una voluntad que se manifiesta o actúa.

En otras palabras, el núcleo central del negocio jurídico está constituido por una declaración de voluntad o por un comportamiento que es valorado como tal.

No obstante, para que los efectos jurídicos se produzcan, no basta en ocasiones la declaración o comportamiento negocial, sino que se requiere, además, la concurrencia de otros hechos jurídicos.

Así, por ejemplo, el testamento es un negocio jurídico en el que se ordena una disposición de los bienes para después de la muerte, y sus efectos jurídicos se originan por el hecho de la muerte de su autor.

 

La declaración de Voluntad es el vehículo imprescindible para dar a conocer lo querido,

y debe tener la importancia jurídica que deriva del hecho de que mediante él conocemos el propósito de las partes de alcanzar una finalidad práctica que el derecho tutela, estableciendo su eficacia jurídica conforme sea el mismo.

Se dice que quien ha llevado a cabo una declaración no es dueño ya de los efectos que de ella se derivan, y se ha de someter a los mismos, cualquiera que sea su voluntad interna.

 

 

CONDICIÓN, TÉRMINO Y MODO:

Junto a los elementos esenciales del negocio jurídico, se suelen estudiar agrupados otros elementos, llamados accidentales, que no son exigidos por el tipo negocial a través del que las partes quieren la satisfacción de sus intereses, sino que son añadidos a él por voluntad de las mismas.

Estos elementos son la condición, el término y el modo.

Sin embargo, una observación más atenta del juego de la condición, término y modo revela varias cosas.

En primer lugar, que la accidentalidad no puede ser tomada en sentido de que es indiferente para el negocio que exista el elemento así calificado o no.

Con la condición y el término las partes nada menos que quieren, respectivamente, una delimitación de la hipótesis para la cual la reglamentación de intereses contenida en el negocio sea operante, o establecer el momento en que ha de entrar en juego o cesar aquella reglamentación.

También se revela que el modo es figura jurídica cuya función es completamente distinta de la condición y el término.

Con el modo se trata de conseguir, en un negocio jurídico caracterizado por la liberalidad (donación) o en una institución de heredero o legatario, otros efectos jurídicos además de los propios del tipo negocial.

Así, por ejemplo, el donante que impone al donatario el deber de seguir una carrera con el dinero que le dona.

Introduce, en suma, otra reglamentación negocial, además del negocio jurídico en el cual se incrusta el modo.

Un sector de la doctrina ha hablado, a propósito de las figuras precitadas, de determinaciones accesorias de la voluntad.

Esta etiqueta jurídica no parece correcta. En una voluntad condicional no es admisible distinguir una voluntad principal (querer los efectos del negocio) y otra voluntad secundaria o accesoria (quererlos dependientes del cumplimiento de la condición).

La voluntad condicionada es única, y lleva en sí misma otra dirección: o un no querer si no se produce el evento condicionante(cuando la condición es positiva, es decir, de que se dé dicho evento), o un no querer si ocurre (cuando la condición es negativa, o sea, que no llegue a realizarse el evento).

La determinación accesoria de voluntad cabría, en todo caso aplicada al modo, porque aquí sería posible detectar junto a la voluntad de hacer la liberalidad, por ejemplo, otra dirigida a la consecución de finalidades lícitas mediante una prestación que se impone al favorecido.

En realidad, la condición y el término vienen a ser, por voluntad de las partes, requisitos de eficacia de la voluntad negocial.

 

En la condición quedan afectados los efectos del negocio jurídico, porque se suspenden hasta que se produzca el evento puesto como condición, o se resuelven en el mismo caso.

 

En el término, el despliegue de los efectos o la cesación de éstos (según sea inicial o final) está estructuralmente ligado con el momento temporal fijado, que necesariamente ha de llegar.

 

El modo, por el contrario, no participa de esa naturaleza de la condición o del término. La adquisición por el favorecido con la liberalidad y gravado al mismo tiempo por la prestación que el atribuyente ordena que realice, se da inmediatamente. No está subordinada al cumplimiento del modo.

Podría pensarse, con gran esfuerzo, que también esta figura se relaciona con la eficacia negocial si tenemos en cuenta que en las ocasiones en que aparece contemplada positivamente, si no se cumple puede producirse la revocación o devolución de lo adquirido.

Por eso cabría decir que el modo es requisito de eficacia del negocio, porque ha de realizarse para que la adquisición devenga firme, irrevocable.

En otro caso, existe la amenaza de la revocación o devolución, dado el carácter voluntario que posee la acción para su obtención.

En otro caso, existe la amenaza de la revocación o devolución, dado el carácter voluntario que posee la acción para su obtención.

 

 

II)LA CONDICIÓN:

La condición afecta a los efectos del negocio jurídico, pues se hacen depender, de un suceso futuro e incierto, o de un suceso pasado, que los interesados ignoren.

En la condición hay una incertidumbre sobre la realización del suceso futuro. Por eso es criticable la expresión legal futuro e incierto, porque entendida literalmente parece indicar que lo mismo un suceso futuro de realización segura que un suceso incierto, son aptos para condicionar los efectos negociales. En realidad, la incertidumbre es exigible siempre.

No basta la futuridad del evento si no va acompañado de ella.

El suceso pasado ha de interpretarse en la misma línea, pero aquí la incertidumbre es subjetiva; las partes ignoran si acaeció o no, y de ahí que sometan los efectos negociales al albur de sí ocurrió o no.

 

A)Clases de condiciones:

Atendiendo a su naturaleza y efectos cabe la distinción entre las siguientes clases:

a)Condición suspensiva y resolutoria: Esta división del evento condicionante no tiene nada que ver con su naturaleza o estructura, sino con los efectos que produce.

En las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la pérdida de los ya adquiridos, dependerá del acontecimiento que constituye la condición.

La condición suspensiva, como su mismo nombre indica, suspende la adquisición hasta su cumplimiento. El negocio jurídico existe, pero permanece en suspenso su eficacia.

Por el contrario, la condición resolutoria resuelve los efectos ya producidos, lo que indica que el negocio los ha generado desde su perfección hasta el momento en que se da el evento condicionante.

El principal problema que plantea la distinción de que tratamos es su aplicación práctica, porque en muchas ocasiones, debido a la formulación gramatical del evento condicionante, no queda claro si se ha querido una condición resolutoria o simplemente suspensiva. La interpretación del negocio nos dará la solución.

Un tercer modo de funcionamiento de la condición, en el cual el evento condicionante, en lugar de determinar la entrada en vigor o la pérdida de la vigencia de la total reglamentación negocial estatuida por las partes y, por consiguiente, de la relación nacida del negocio, afecta a una parte de la misma, por ejemplo, sobre una concreta estipulación o sobre un determinado acto.

El negocio tiene un contenido variable para cada una de las hipótesis posibles.

 

En rigor, el evento condicionante lo que hace es prever hipotéticamente regímenes jurídicos diversos o, dicho de otra manera, establecer variantes alternativas dentro de una misma reglamentación general.

En el negocio jurídico testamentario es admisible el juego de la condición tanto suspensiva como resolutoria, pero es necesario matizar allí los efectos de ésta.

Es verosímil pensar que el testador lo que ha querido ha sido gravar de restitución al heredero así llamado, restitución que se operará al cumplimiento de la condición a favor del instituto para dicho evento o de los sucesos ab intestato (si falta aquella institución).

b)Condiciones potestativas, casuales y mixtas:

Esta distinción se basa en la naturaleza del evento puesto como condición.

Es potestativa cuando consiste en un hecho dependiente de la voluntad de uno de los sujetos del negocio jurídico;

Es casual si el cumplirse el evento depende de circunstancias extrañas a aquella voluntad (ya sea de la suerte) o de la voluntad de un tercero;

Es mixta en el caso de que dependa de la voluntad de uno de los sujetos del negocio y de la de un tercero (te daré mil si contraes matrimonio con Juana).

La condición potestativa se subdivide en puramente potestativa y simplemente potestativa.

La primera anula la obligación cuando su cumplimiento dependa de la exclusiva voluntad del obligado. Admitir una norma contraria tanto como dejar al arbitrio del obligado la subsistencia del deber de prestación.

Ambas dependen de la voluntad, lo que da problemas en su demarcación.

Parece exacta la doctrina que ve en la primera una voluntad de la que nace un acto que es indiferente realizar (si te saludo, si te quiero), mientras en la segunda opera sobre la voluntad una serie de motivos que son de libre estimación, pero que representan intereses, dificultades o apetencias a tener en cuenta para mover aquélla en un sentido o en otro (si hago un viaje alrededor del mundo, si escalo esa montaña, el deudor que se obliga a pagar cuando pueda, etc.).

c)Condiciones imposibles, ilícitas e inmorales:

También esta clasificación se relaciona con la naturaleza del evento puesto como condición.

La condición imposible es aquella en la que el evento no es verificable por causas físicas

(te daré mil si coges el cielo con la mano) o jurídicas (te daré mil si Juan alcanza la mayoría de edad a los 15 años).

Las condiciones ilícitas e inmorales son las que resultan de un evento cuya realización es contraria a leyes imperativas, orden público o buenas costumbres.

Hay que advertir que la ilicitud o inmoralidad se refieren a que determinen una voluntad a cometer el acto prohibido o inmoral.

Así, por ejemplo, si A dona a B mil si estalla una guerra entre dos países, no es una condición inmoral, porque es un hecho que escapa a la voluntad B.

Las condiciones ilícitas, imposibles o inmorales anulan la obligación de que dependan.

Que anulen el negocio jurídico inter vivos en su totalidad es el problema que ha de resolverse teniendo en cuenta la solución que le demos a la cuestión de si la nulidad de singulares disposiciones o cláusulas lo anulo por completo o solamente la cláusula afectada salvo, naturalmente, que todo el negocio se halle condicionado.

En el negocio jurídico testamentario la regla es exactamente la contraria: no se anula la voluntad del testador, sino que se tienen por no puestas aun cuando el testador disponga otra cosa. Según García Goyena: La verdadera causa es el favor de las últimas voluntades y el que en ellas interviene una sola persona. En otros términos, que la voluntad ya no se puede repetir despojada de lo ilícito, inmoral o imposible, como por el contrario, ocurre en los negocios jurídicos inter vivos.

d)Condiciones positivas o negativas:

En principio, una condición se suele llamar positiva cuando la eficacia del negocio se hace depender del hecho de que ocurra algún suceso, mientras que la condición se considera negativa cuando se hace depender de que el hecho no ocurra.

Mas esta idea es engañosa, pues el lenguaje espontáneo permite expresar en forma gramaticalmente positiva y negativa un mismo suceso. Así, se ha dicho y con razón, que una condición puede formularse en forma positiva o negativa, pues, a un donatario o legatario se le puede decir que percibirá el objeto donado o legado si contrae matrimonio y se le puede decir también que lo percibirá si no permanece soltero.

El carácter afirmativo o negativo pertenece más al terreno de la expresión gramatical que al terreno de la estructura o de la consistencia de los hechos previstos como eventos condicionantes. Desde este punto de vista es posible distinguir sólo un evento condicionante que consista en una alteración, variación o modificación del estado de cosas existentes en el momento de la celebración del negocio o un evento condicionante que consista en la permanencia inalterable del estado de cosas.

 

EL TÉRMINO:

El término indica el momento temporal en que finalizan o se inician los efectos del negocio jurídico. A diferencia de la condición, que supone un acontecimiento futuro e incierto, el término se refiere a un momento futuro, pero cierto.

Ese momento puede designarse con la mención de un día (25 de diciembre, por ejemplo), pero también por la fijación de un evento que se producirá necesariamente, aunque se ignore cuándo: la muerte de una persona.

De ahí la fundamental distinción entre término certus an et quando y certus an incertus quando. El primero significa que se sabe que el momento llegará y también cuando ocurrirá. El segundo, que se sabe su llegada, pero se ignora cuándo.

 

A)CLASES DE TÉRMINO:

a)Término inicial y término final:

El término inicial marca el comienzo de los efectos del negocio. El término final marca la extinción de los mismos.

b)Término esencial:

El término esencial indica que el negocio jurídico ha de cumplirse necesariamente a su llegada, ha de consumarse, por que la prestación ejecutada fuera de éste término no satisface el interés que aquel negocio estaba llamado a producir (el encargo de un traje para una primera comunión o una boda, como casos típicos).

Cumplir la prestación con posterioridad equivale a un auténtico incumplimiento.

El término esencial es compatible con la fuerza mayor o el caso fortuito.

Es decir, si la prestación no se cumple con el tiempo fijado, se produce el efecto anteriormente expuesto: no cabe un cumplimiento posterior. Pero si la causa de ese incumplimiento es un caso fortuito o de fuerza mayor, el obligado quedará exento de toda responsabilidad probando la concurrencia de estas circunstancias.

 

 

La situación del Negocio jurídico durante el estado de pendencia del término:

El negocio jurídico existe desde su perfección, aunque los derechos y eventuales obligaciones que del mismo nacen se encuentran aplazados en su ejercicio (cuando es a término inicial).

La titularidad sobre el derecho subjetivo (propiedad, usufructo, crédito, etc), objeto del negocio aplazado, la ostenta el titular actual y el futuro, pro rata emporis.

Esa característica dice De Castro (Derecho civil de España), origina su peculiaridad: es necesario combinar el respeto al poder actual del titular con la seguridad de las facultades que sobre el mismo derecho se otorga para el futuro al otro titular.

Armonía que se rompe cuando la conducta del primero pone en peligro el poder que corresponderá al segundo, y que el ordenamiento jurídico, en ciertos casos, hace desaparecer esos efectos decretando la extinción del beneficio del plazo, dando la posibilidad al titular del derecho futuro de ejercitarlo como puro.

El titular futuro puede transmitir su derecho inter vivos o mortis causa, quedando sujeto al sucesor a las mismas limitaciones, nacidas del término, a que estaba sometido su antecesor. Igualmente es embargable con esas restricciones.

El titular futuro está legitimado para ejercitar acciones tendientes a la conservación de sus derechos.

Estas consideraciones se aplican a los negocios jurídicos con término final.

El término en los negocios de Familia:

En los negocios jurídicos puros de Derecho de familia, precisamente por afectar fundamentalmente al estado civil, es inadmisible la oposición de cualquier género de término. Una voluntad a término en ellos debe considerarse que hace nulo el negocio.

 

EL MODO:

Pocas figuras de contornos tan borrosos y difíciles de matizar existen en el Derecho civil como el modo.

Si del acto jurídico no ha elaborado nuestro Código una teoría general y tenemos que recurrir para estudiar el negocio jurídico a las reglas de los contratos, testamentos y Derecho de familia, la situación es más grave en el modo.

Allí teníamos abundancia de normas de las que abstraer datos comunes. Aquí, sólo dos instituciones concretas (la donación modal y el testamento en que se impone una carga al heredero o legatario) nos han de permitir trazar a grandes rasgos las líneas generales del modo.

El modo implica una carga o gravamen que acompaña siempre a una liberalidad o a una institución de heredero o legado.

Históricamente se ha desenvuelto en este campo y ha servido para cumplir las más variadas finalidades, fundamentalmente los que no podrían obtener satisfacción a través de los esquemas o fórmulas que brindaba el ordenamiento jurídico a los particulares.

Así, por ejemplo, en el Derecho Romano se eludía la prohibición de estipular en provecho de una tercera persona ajena a la estipulación imponiendo a una de las partes la carga de realizar una prestación a favor de ésta.

El modo, pues, es una prestación que ha de cumplir el destinatario de una atribución gratuita, impuesta por el que la realiza (disponente). El ordenamiento jurídico únicamente consiente su oposición en la donación y en la institución de heredero o legatario.

 

a)La prestación del Gravado:

El gravado con el modo no está obligado a cumplir una determinada conducto, a seguir un cierto comportamiento. Esta obligación que asume al aceptar la liberalidad no es su contraprestación, no es un equivalente al sacrificio que representa para el disponente su atribución patrimonial como en los negocios onerosos.

La atribución sigue siendo gratuita, y lo que ocurre es que su causa (liberalidad) se causaliza también el propósito de obtener un determinado resultado.

Hay autores que opinan que la prestación del gravado debe poder evaluarse económicamente porque de lo contrario no cabría reclamar su cumplimiento.

Faltaría la coercibilidad que supone el que una obligación incumplida se transforme en otra de indemnización de daños y perjuicios, para lo cual es básico su traducción pecuniaria.

 

 

 

 

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